La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se opone al proyecto de crear una “tarjeta social” en España. Consideran  que carece de utilidad real y que solo servirá para acreditar que su titular pertenece a un club de pobres.

A continuación se reproduce el comunicado de la asociación:

“”La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha aprobado crear una “Tarjeta Social” que pretende ser  “una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las corporaciones locales e incluso ONGs.”

Como profesionales de los servicios sociales manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:

Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.

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Certificado de Pobreza. Padrón de Beneficencia. 1980

Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.

Consideramos que lo que realmente se pretende con la Tarjeta Social no es otra que lo que dice el propio Acuerdo de la Conferencia, cuando se dice que “permitirá a su vez detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones potenciando su eficacia”, en definitiva, controlar supuestos fraudes y abusos de los/as perceptores/as de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales.

Resulta inadmisible extender la sospecha de fraude generalizado en el cobro de  prestaciones, a lo que siempre han recurrido los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. No hace mucho que un Consejero autonómico califica de “minibárcenas” a los perceptores de prestaciones de la dependencia. Si los sectores más privilegiados de la sociedad tuvieran una pequeña parte de los controles que se establecen para quienes perciben ayudas sociales, nos habríamos ahorrado los/as contribuyentes centenares o miles de millones de euros. El abuso generalizado en el cobro de prestaciones sociales es absolutamente falso, por las exigencias que se establecen y por los exhaustivos controles que existen.

A nadie se le ocurre proponer una “Tarjeta patrimonial” “que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso empresas públicas (…) y detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones” y beneficios que reciben las personas más adineradas. Se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad. Pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben””.

El comunicado en pdf

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