Las organizaciones Plena inclusión, Cermi y Down España convocan  una concentración ante el Tribunal Constitucional en Madrid para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo debido a sentencias que modifican su capacidad legal

La protesta tendrá lugar el miércoles 8 de febrero (11.00 horas) bajo el lema #MiVotoCuenta

La vicepresidenta del TC emite un voto particular contra la resolución

El sector reacciona ante la  no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar.

Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad firmada por España, señala Plena Inclusión en su página web.

El Cermi, Down España y Plena Inclusión se concentrarán frente a la sede del Tribunal Constitucional con el fin de reivindicar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad, y de otras muchas que, pudiendo legalmente votar, no pueden acceder a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto.

Durante la protesta, una persona con discapacidad intelectual y la madre de Mara leerán un manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad. Asistirán los presidentes de las tres organizaciones impulsoras de la protesta: Santiago López (Plena inclusión), Luis Cayo Pérez (Cermi) y José Fabián Cámara (Down España).

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Según recoge la Cadena SER, la resolución  judicial tiene un voto particular que firma la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, quien sostiene que “le produce perplejidad” que se hayan rechazado las recomendaciones del fiscal para admitir el estudio del problema que afecta a un grupo de población en “una situación de especial vulnerabilidad”.

El Ministerio Público observa que podrían estar vulnerándose el derecho de igualdad ante la Ley (art 14) y el derecho a la participación en la vida pública (art 23) de la Constitucional Española, además de varios artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en Nueva York, en 2006, según publica este medio de comunicación.

Plena inclusión afirma en un comunicado que reclama este derecho “desde hace años, en cumplimiento del artículo 29 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, a la participación política y pública. Desde 2011, mantenemos activa nuestra campaña “Mi Voto Cuenta” (www.mivotocuenta.es) para concienciar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, los políticos, poderes públicos y sociedad en general, de la importancia de salvaguardar el derecho al voto y el acceso a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas”.

El Manifiesto

Las reivindicaciones

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